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PLEBISCITO 2020:

PLEBISCITO 2020:

POLÍTICA

PLEBISCITO 2020

OCTUBRE, 2020

PARTE 1: LA HISTORIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1980

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, alteró tan profundamente el sistema democrático basado en la Constitución de 1925, que el nuevo régimen se vio en la necesidad de crear un nuevo orden legal. En noviembre de 1973, se creó la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, con la misión de generar un primer anteproyecto de una nueva carta magna. En 1978 se le entrega al Consejo de Estado, un órgano que reunía a figuras políticas que alguna vez desempeñaron altos cargos en el país (incluyendo dos ex-presidentes) el primer borrador. Luego de hacer sus observaciones y correcciones, este documento sería revisado en última instancia por la Junta de Gobierno. Finalmente, el texto fue sometido a el voto ciudadano para ser ratificado o rechazado el día 11 de de septiembre de 1980, triunfando la opción SÍ con un 66%.  Es necesario destacar, que los mencionados comicios se dieron dentro de un estado de emergencia con restricciones a las libertades públicas, con todos los partidos políticos ilegalizados, sin registros electorales ni instituciones autónomas que pudieran validar la transparencia del proceso. En los años venideros, distintos sectores han argumentado que la constitución es ilegítima en su origen, dado que fue aprobada a través de una elección irregular, que además, no involucró a la población en su proceso formativo. A contra respuesta, otros rebaten este argumento explicitando que el texto ha sufrido diversos cambios a lo largo de sus años, en donde se han corregido estos vicios mencionados. Una de las reformas más trascendentales que sufrió la constitución fue hecha en el año 2005 por el gobierno de Ricardo Lagos. En ella, se eliminan los llamados “enclaves autoritarios”, artículos que eran acusados de afectar la calidad del sistema democrático existente. Fundamentalmente, esta reforma permite al Presidente de la República poder remover a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Además, elimina los llamados “senadores designados”, nombrados por distintas instituciones del estado, haciendo que esta rama del congreso fuese electa totalmente por la ciudadanía. En lo simbólico, el texto tendría ahora la firma de Ricardo Lagos y no de Augusto Pinochet y los otros tres miembros de la junta de gobierno. El día de la promulgación de este texto reformado  el expresidente exclamó «hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos lo chilenos; y hoy Chile se une tras este texto constitucional»

La tesis de la ilegitimidad del origen de la actual constitución volvió a resurgir durante los últimos años, siendo complementada también por una opinión que también sostenía que sus contenidos eran el fundamento de las desigualdades sociales existentes en el país. El 15 de noviembre, tras días de violentas protestas, el congreso firmó el “Acuerdo para la Paz y la Nueva Constitución”, que nos llevará a las urnas este 25 de octubre para aprobar o rechazar el inicio de un proceso constituyente.

PARTE 2: ¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

La misión principal de una constitución es establecer las reglas mínimas de convivencia que permiten el funcionamiento de una sociedad, consagrándose como la norma de mayor jerarquía dentro de los países. Usualmente, sus contenidos se dividen en dos partes: la orgánica (como se organiza y distribuye el poder en el estado) y la dogmática (regula los derechos y libertades de cada individuo). Las constituciones suelen ser textos largos y complejos de entender. Además, sus normas al ser interpretadas por los jueces, no siempre son entendidas en su forma literal. Frente a un probable proceso constituyente es necesario que nos informemos. ¿Cuáles son los principales puntos que han generado discusiones en los últimos años?

Rol del Estado: el estado tiene un rol “subsidiario” refiriéndose a que sólo puede intervenir cuando el privado no pueda o no quiera realizar alguna acción. Esta idea se suele contraponer al estado “solidario”, que destina importantes recursos para asegurar servicios básicos a la sociedad (educación, salud, pensiones). Si bien, algunos acusan que este principio ha fomentado una gran brecha en la calidad de los servicios públicos y privados, otros argumentan que la esencia del principio no es necesariamente la causa de estos problemas. 

Presidente y Congreso: sistema hiperpresidencialista en donde el mandatario o mandataria es jefe de estado y de gobierno. Tiene la facultad exclusiva de proponer leyes que tratan diversos temas al congreso (como las normas de gasto público) otorgándole una influencia considerable en el proceso de formación de las leyes. El congreso tiene dos ramas, compuestas por la Cámara de Diputados y el Senado. Se ha propuesto otorgar más facultades al congreso o bien implementar un semi-presidencialismo, creando el cargo de Primer Ministro para desconcentrar el poder del ejecutivo.
 

Órganos Autónomos del Estado: la constitución entrega y enumera competencias a diversas instituciones para posibilitar el funcionamiento del estado, tales como, las FFAA, Servicio Electoral, Banco Central o Contraloría (encargada de vigilar la gestión de los fondos del país). Uno de los órganos que más polémica ha generado en los últimos años es el Tribunal Constitucional (TC), cuya misión fundamental es asegurar que las leyes cumplan la constitución. La forma de designación del órgano y sus amplias atribuciones en revisar las normas aprobadas por el congreso, son algunos de los aspectos más debatidos frente a su actual funcionamiento.
 

Administración del Estado: cada región del país es gobernada por un intendente, cargo designado por el presidente y sujeto a cumplir las instrucciones enviadas por La Moneda. En 2021 este cargo será electo democráticamente, pasándose a llamar gobernador regional, compartiendo su poder con un “delegado presidencial regional” designado por La Moneda. Por su parte, el país está dividido en 345 municipalidades, siendo uno de sus roles más importantes entregar salud y educación al territorio. Dadas las tradicionales críticas por la desmedida influencia de Santiago en el país, estas estructuras podrían sufrir modificaciones en un eventual nuevo texto. 

Estos son algunos de los temas que pueden entrar en discusión en el futuro, independiente de la opción que termine ganando el plebiscito. El proceso es muy complejo y ninguna de las dos bandos ha realizado un análisis relativamente serio de lo bueno y lo malo de la actual constitución.

PARTE 3: ¿EN QUÉ AFECTA MI VOTO?

Como consecuencia de la crisis política que envolvió a Chile a finales del 2019, el 15 de noviembre del año pasado, los presidentes de diversos partidos políticos chilenos firmaron el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Con un breve texto introductorio, en donde se señala que a través de él se pretende dar “salida institucional (a la crisis) cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático», se enumeran 12 puntos que sirven como un esqueleto de un proceso constituyente que tendrá como misión fundamental redactar una nueva constitución para el país. Como consecuencia, este 25 de octubre se realizará un plebiscito para consultar a la ciudadanía su opinión sobre la solución propuesta en el acuerdo firmado. Aquel día, quienes vayan a votar recibirán dos papeletas separadas. No hay contradicción al momento de votar, es decir si una persona vota rechazo, su voto será igualmente válido en la segunda papeleta en caso de marcar una preferencia. En cada una de estas habrá una pregunta y dos posibles formas de responder a ella.

  1.  ¿Quiere usted una nueva Constitución?:

Una de las opciones será votar apruebo, en donde el ciudadano muestra estar de acuerdo en dar inicio a un proceso de aproximadamente dos años en donde se redactará una nueva carta magna que reemplazará a la existente. De votar rechazo, el proceso diseñado en el acuerdo para hacer una nueva constitución no tomará curso, quedando en vigencia la actual de constitución de 1980.

  1. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución?

De ganar la opción apruebo, la segunda papeleta definirá el diseño del órgano encargado de confeccionar la nueva constitución. Ambas opciones tendrán la única y exclusiva facultad de producir el texto en un plazo máximo de un año. Una vez cumplida su tarea, el órgano será disuelto. De ganar el rechazo, el resultado de esta papeleta será irrelevante.

La segunda papeleta tendrá dos opciones de respuesta. La convención Mixta constitucional compuesta de 172 miembros, 86 personas electas a través de elecciones y los otros 86 provendrán del Congreso Nacional, elegidos por los propios diputados y senadores.  Los miembros del congreso serán excusados de no asistir a cumplir con su trabajo, pero nada les impide de ir a votar proyectos de ley que estén en curso. 

Por otra parte, la Convención Constitucional será conformada por 155 miembros  electos directamente por la ciudadanía, utilizando el mismo sistema electoral empleado en la elección de los diputados. El país se divide en 28 distritos que según su tamaño de población, elegirán entre 3 a 8 convencionales, utilizando listas en donde uno o más partidos pueden unirse para ofrecer candidatos.

A principios de este año el congreso aprobó una ley que asegurara la paridad de género en la Convención Constituyente. Es decir, la mitad de sus miembros serán mujeres y la otra mitad hombres. Para lograrlo, en cada distrito, los partidos deberán suscribir listas de candidatos de acuerdo al número de constituyentes a elegir. Todas las listas deberán estar encabezadas por una mujer, y luego, incluir un orden alternado entre géneros. Por otra parte, si tras el conteo de votos no resulta la paridad deseada, el resultado será corregido reemplazando al hombre menos votado por la mujer más votada que no fue electa. El mecanismo de paridad de género no asegura que podrá ser cumplido en el caso de la Asamblea Mixta. 

PARTE FINAL: LA RECTA FINAL

El plebiscito de este domingo preguntará a la ciudadanía si quiere “entrar” al inicio de un proceso destinado a la redacción de un nuevo texto constitucional. De ganar el apruebo, aquella misión tendrá una duración estimada de aproximadamente dos años. El siguiente hito ocurriría  el 11 de abril del 2021, momento en el cual se efectuarán las elecciones de las personas que deberán participar en el órgano destinado a tal tarea. Realizadas estas, la ley da un plazo de aproximadamente un mes para que el órgano electo entre en sesiones, lo cual ocurrirá dentro de mayo del 2021. Teniendo un plazo de 9 meses para completar su tarea, con un único aplazamiento de tres meses en caso de necesitar más tiempo, el  plazo máximo finalizaría en mayo del 2022. Aproximadamente dos meses después de tal evento, el sucesor o sucesora de Sebastián Piñera, deberá convocar un nuevo plebiscito de “salida”  (voto obligatorio a diferencia del de entrada) consultando al electorado si aprueba o rechaza el texto redactado por la convención electa. De resultar victorioso el apruebo, a finales de año deberá ser puesta en vigencia la nueva carta magna. En caso contrario, se mantendrá operativa la existente. Las primeras estimaciones arrojan que el costo del proceso en el que nos embarcaríamos será entre los 10 y 14 mil millones de pesos. 
 

Aunque la expectativa generalizada es que el apruebo triunfará, de ganar el rechazo, el congreso nacional pasaría estar sujeto bajo una enorme presión ciudadana de realizar aceleradas reformas que logren corregir aspectos que la población crítica del actual modelo. Así, el domingo por la tarde sabremos lo que piensa la ciudadanía frente a la propuesta presentada por la elite política en el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Dos detalles importantes a tener en consideración para interpretar el resultado del domingo serán la participación electoral y la diferencia de votos entre ambas opciones. De esta manera, ambas cifras reflejarán el sentir político de un particular periodo histórico que Chile está atravesando.

¿QUÉ PASA EN LA ARAUCANÍA?

¿QUÉ PASA EN LA ARAUCANÍA?

POLÍTICA

¿QUÉ PASA EN LA ARAUCANÍA?

AGOSTO - SEPTIEMBRE, 2020

PARTE 1: EL ENCUENTRO DE EUROPA Y LOS MAPUCHE

Con la intención de buscar una ruta comercial más rápida para llegar a India, un empresario genovés (hoy Italia) llamado Cristóbal Colón, conseguiría financiamiento de los reyes católicos Isabel y Fernando, para posibilitar la creación de su emprendimiento. En tres pequeños barcos (de más está decir los nombres) zarparía de Europa en agosto y encontraría tierra firme el 12 de octubre de 1492. Costaría varios meses para que Colón & Co se percataran que no era India a donde habían llegado, sino que a un lugar que no estaba en los registros históricos. Así, este humilde emprendimiento se había topado con un botín de insospechadas riquezas, que motivó a miles de europeos a subirse a barcos y buscar suerte en el llamado “nuevo mundo”. Los recién llegados tenían una ventaja brutal sobre los locales: las armas y los caballos, posibilitando que apenas un centenar de personas derribara a un importante imperio como el Azteca. La población local fue esclavizada a través de las encomiendas, siendo forzadas a trabajar para los allegados (a pesar que la propia Reina había insistido que la esclavitud no era permitida). En las décadas siguientes las enfermedades importadas por los europeos liquidaron, según los cálculos más conservadores, al 80% de la población local durante los primeros cien años por falta de anticuerpos necesarios para combatirlas. 

De México, los conquistadores iniciaron su avance hacia el sur. Los pueblos locales, incluyendo el imperio Inca (12 millones de personas), correrían la misma suerte y sucumbirían a las armas y los gérmenes extranjeros. Posteriormente, otros grupos darían con lo que actualmente es Chile. La expansión española hacia el sur se vería truncada al llegar a la altura del río Itata, en donde encontraron una fuerte resistencia que complicó su avance: los mapuche. El talento militar, sumado al complejo territorio (densos bosques y clima extremadamente lluvioso) no permitieron a los españoles subyugar a esta población como se había hecho con las otras. Los avances europeos se vieron frustrados con el alzamiento de la población local en 1598. En la llamada Batalla de Curalaba, los españoles debieron retroceder quedando fijada una frontera en el río Bío-Bío.

Al darse cuenta que agregar el territorio mapuche a la corona no sería rentable (no existían riquezas que lo justificaran) los reyes católicos deciden desistir la conquista del territorio y reconocer la existencia de los mapuche como una tierra independiente. Así, el dominio colonial sobre Chile se extendería por más de dos siglos, tiempo en el cual se desarrollaría un amplio comercio e interacciones entre ambos grupos. Si bien existieron combates y alzamientos en varios momentos, la paz se mantuvo la mayoría del tiempo. Con la invasión de Napoleón a España, se generaría un movimiento político que derivó con la independencia de varias colonias españolas, entre ellas Chile.  Así, la autonomía mapuche sobrepasaría la caída del control imperial, pero ahora, ya no serían los españoles con quien compartirían frontera, sino que con autoridades de un recién creado país que tenía visiones divergentes de cómo seguir la relación con estos grupos.

PARTE 2: FIN DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL

Desde la declaración de independencia de Chile el 12 de febrero de 1818, hasta aproximadamente el 1850, la relación entre el recién creado país y los Mapuche no había variado fundamentalmente. Al igual que durante gran parte de la época colonial, el naciente estado chileno había reconocido la autonomía de estos grupos, estableciendo su frontera física en el río Bío Bío. El status quo imperante sufriría importantes alteraciones durante la segunda mitad del siglo XIX. La república chilena estaba comenzando a integrar su economía a los vaivenes de los mercados internacionales, los que presentaban una creciente demanda de cereales provocada principalmente por la “fiebre del oro” en California y Australia, llevando a productores nacionales a volcarse a su cultivo. Las tierras al sur del Bío Bío ofrecían un suelo fértil para su cosecha, haciendo que gradualmente las personas fueran emigrando hacia ese sector para lucrar en el creciente mercado.  Al mismo tiempo, el estado chileno estaba fomentando la colonización de zonas más al sur de las tierras habitadas por los Mapuche, acorralándolos por ambos polos. 
 

En los años 1851 y 1859, se generaron dos rebeliones en distintas ciudades de Chile, desafiando a las autoridades políticas de Santiago. En la primera los Mapuche, junto a otros grupos minoritarios, apoyaron a los rebeldes. Mientras que en la segunda, un levantamiento generalizado de todas las agrupaciones Mapuche generó que las autoridades del gobierno se replantearan la estrategia mantenida hasta la fecha, decidiendo ocupar militarmente la región. Así, con el nombre de “pacificación de la Araucanía” se inició la ejecución de un plan mediante el cual el ejército chileno se fue adentrando gradualmente dentro del territorio mapuche. Cuando en 1861, un ciudadano francés llegó a la Araucanía para proclamarse Rey de ella, el gobierno redobló sus esfuerzos al temer que algún país europeo podría sumarse al apoyo del personaje. 
 

Durante las siguientes dos décadas, el ejército iría asentando la soberanía estatal a lo largo de aquel territorio. Tropas chilenas se enfrentaron con grupos de Mapuche en sangrientos combates mientras las enfermedades traídas por los soldados le costaron la vida a varias comunidades. Al refundar Villarrica en 1883, se declara el fin del proceso de ocupación de la Araucanía, en donde la restante población Mapuche quedó reducida en un estrecho espacio territorial. Las tierras que debieron abandonar fueron apropiadas en irregulares procesos por empresarios deseosos de lucrar en el mercado internacional. Aunque el estado era consciente de la situación, no logró regular de manera concreta este proceso. De esta manera, el siglo XIX  generaría una alteración a una situación que prácticamente se había mantenido inalterada por casi tres siglos.

PARTE 3: DE REFORMA EN REFORMA

En 1881 el estado chileno da por finalizado su proyecto de “Pacificación de la Araucanía” , cuya idea esencial era permitir que el gobierno central dominara las ricas tierras controladas por los Mapuche. Durante las siguientes décadas, estas tierras fueron rematadas y como consecuencia, las comunidades Mapuche sufrieron un progresivo empobrecimiento. 

Conscientes de esta disrupción social y económica, durante las primeras décadas del siglo XX, el estado comenzó a devolver tierras para moderar el impacto generado dentro de las comunidades. Aunque algunos grupos fueron beneficiados en el proceso, se calcula que de los 10 millones de hectáreas originales, el estado cedió solo 500.000 a los Mapuche.  En 1927, el estado chileno promulga la ley indígena, que pretendía dividir las tierras comunales en parcelas privadas. La expectativa era que si grupos más pequeños de personas tuvieran la propiedad directa de la tierra, incentivaría a que fueran más productivas. Al mismo tiempo, dentro de las comunidades Mapuche, comenzaron a generarse dos corrientes antagónicas: los integracionistas y los divisionistas. Los primeros, sostenían que los Mapuche debían integrarse al estado y veían que las tierras comunales eran el mayor impedimento al desarrollo apoyando la tesis estatal. Mientras los conservacionistas, proponían que los Mapuche históricamente habían vivido en comunidad haciendo impracticable la parcelación de terrenos. Además, era imprescindible para su propia existencia, que mantuvieran sus tradiciones y costumbres.

El tema de la propiedad de la tierra obtuvo una notoria relevancia en la historia de Chile con la llegada de la reforma agraria (1962 – 1973). La concentración de la propiedad de las tierras campesinas, en la mano de un puñado de personas, provocaron que los sectores rurales estuvieran sumidos en una abismante pobreza. Frente al temor causado por la revolución cubana de 1959, Estados Unidos aconsejó al presidente Jorge Alessandri (1958-1964) resolver el tema de la propiedad de la tierra para evitar futuros conflictos sociales. Así, bajo su mandato, se inicia un proceso de redistribución de la tierra que sería popularmente conocido como “reforma macetero”, por sus acotados efectos. Frei Montalva (1964-1970) profundizó considerablemente el ritmo de la reforma, y en paralelo los Mapuche conservacionistas se reunieron en el congreso de Ercilla en 1968, proponiendo la toma violenta de terrenos. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) utilizando los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno, se propone expropiar todas las tierras que eran de propiedad privada y traspasarlos a la administración estatal. Por otra parte, los propios campesinos empezaron a tomarse por su propia iniciativa los terrenos, generando que en algunos sectores el estado perdiera control del proceso. Con el fin de la democracia en el 1973, el régimen cívico-militar frenó de golpe lo acontecido y retomó la tesis de dar propiedad privada a los comuneros para aumentar la productividad. Además, remató tierras dominadas por el fisco a forestales, junto con ofrecer subsidios con la intención de fomentar el creciente mercado maderero en la economía internacional. Con estas tendencias en marcha, en marzo de 1990 asumiría un nuevo gobierno democrático con varias ideas para enfrentar las tensiones generadas en la zona.

PARTE FINAL: LA DEMOCRACIA ENFRENTA EL CONFLICTO 

En 1993 se aprobó una nueva ley indígena en donde se estableció que las tierras indígenas no podían ser vendidas a personas que no pertenecieran a la etnia dueña del terreno. Además, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) cuyo propósito era coordinar y ejecutar planes de desarrollo para las múltiples etnias que habitan en el país. En el año 1997 la compañía Endesa construyó una segunda represa en el Alto Bío Bío, zona en donde vivían varias comunidades Pehuenches (grupo que forma parte del pueblo Mapuche). Aunque gran parte de la población aceptó la permuta de tierras ofrecidas por la empresa española, hubo cuatro familias que se opusieron al proyecto por el golpe emocional causado por abandonar sus tierras ancestrales. Finalmente, en el 2003, se suscribió un acuerdo entre las partes en el cual las familias recibieron una compensación económica junto con el compromiso de Endesa de destinar recursos a crear beneficios a aquellos afectados por el proyecto.  

Durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006), ocurrió uno de los episodios más violentos en la Araucanía desde el retorno a la democracia. En el 2002, tras una ocupación de tierras en un fundo ubicado en la provincia de Malleco, un joven resultó muerto tras un enfrentamiento con carabineros. La ocupación fue liderada por la Coordinadora Arauco- Malleco, grupo creado en 1998 que proponía recuperar las tierras usurpadas por el estado chileno para crear un estado independiente Mapuche. Ante este accionar, el gobierno la declaró  una organización terrorista y sus dirigentes fueron procesados en juicios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó.

La madrugada del 4 de enero de 2013, desconocidos ingresaron al terreno del matrimonio Luschinger Mackay en Vilcún. Tras ser repelidos a balazos por el dueño de casa, los atacantes quemaron la propiedad provocando la muerte de la pareja. El Machi Celestino Córdova fue detenido a unos 2 kilómetros del lugar, con una herida de bala, siendo hasta hoy el único condenado por el crimen. Los hechos actuales que ocurren en la zona pasan por los comuneros Mapuche que argumentan el no cumplimiento del convenio 169 de la OIT que establece “deberá darse la preferencia de sanción distintos al encarcelamiento a los miembros de pueblos originarios”. 

La propiedad de la tierra sigue siendo el eje central en el conflicto entre el estado y los Mapuche que se arrastra desde fines del siglo XIX. El reciente surgimiento de grupos que pretenden lograr objetivos por la vía violenta no debe empañar que ha habido una falta del estado no solo con los Mapuche, sino que con los pueblos indígenas en general. Desde 1990, está paralizada en el congreso una ley que reconoce que Chile se compone de diversos grupos étnicos. A pesar de los planes de desarrollo e inversión que todos los gobiernos han lanzado con gloriosos nombres, la región más pobre del país es la Araucanía. Si bien, el 48% de pobreza de 1990 ha sido sostenidamente reducida, 7 de las 10 comunas más pobres siguen estando en la Araucanía. Así, el esfuerzo debe venir de todos. Estado y privados deben mejorar la realidad social. Nosotros debemos estudiar más y conocer mejor nuestra historia.