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POLÍTICA

PLEBISCITO 2020

OCTUBRE, 2020

PARTE 1: LA HISTORIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1980

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, alteró tan profundamente el sistema democrático basado en la Constitución de 1925, que el nuevo régimen se vio en la necesidad de crear un nuevo orden legal. En noviembre de 1973, se creó la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, con la misión de generar un primer anteproyecto de una nueva carta magna. En 1978 se le entrega al Consejo de Estado, un órgano que reunía a figuras políticas que alguna vez desempeñaron altos cargos en el país (incluyendo dos ex-presidentes) el primer borrador. Luego de hacer sus observaciones y correcciones, este documento sería revisado en última instancia por la Junta de Gobierno. Finalmente, el texto fue sometido a el voto ciudadano para ser ratificado o rechazado el día 11 de de septiembre de 1980, triunfando la opción SÍ con un 66%.  Es necesario destacar, que los mencionados comicios se dieron dentro de un estado de emergencia con restricciones a las libertades públicas, con todos los partidos políticos ilegalizados, sin registros electorales ni instituciones autónomas que pudieran validar la transparencia del proceso. En los años venideros, distintos sectores han argumentado que la constitución es ilegítima en su origen, dado que fue aprobada a través de una elección irregular, que además, no involucró a la población en su proceso formativo. A contra respuesta, otros rebaten este argumento explicitando que el texto ha sufrido diversos cambios a lo largo de sus años, en donde se han corregido estos vicios mencionados. Una de las reformas más trascendentales que sufrió la constitución fue hecha en el año 2005 por el gobierno de Ricardo Lagos. En ella, se eliminan los llamados “enclaves autoritarios”, artículos que eran acusados de afectar la calidad del sistema democrático existente. Fundamentalmente, esta reforma permite al Presidente de la República poder remover a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Además, elimina los llamados “senadores designados”, nombrados por distintas instituciones del estado, haciendo que esta rama del congreso fuese electa totalmente por la ciudadanía. En lo simbólico, el texto tendría ahora la firma de Ricardo Lagos y no de Augusto Pinochet y los otros tres miembros de la junta de gobierno. El día de la promulgación de este texto reformado  el expresidente exclamó «hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos lo chilenos; y hoy Chile se une tras este texto constitucional»

La tesis de la ilegitimidad del origen de la actual constitución volvió a resurgir durante los últimos años, siendo complementada también por una opinión que también sostenía que sus contenidos eran el fundamento de las desigualdades sociales existentes en el país. El 15 de noviembre, tras días de violentas protestas, el congreso firmó el “Acuerdo para la Paz y la Nueva Constitución”, que nos llevará a las urnas este 25 de octubre para aprobar o rechazar el inicio de un proceso constituyente.

PARTE 2: ¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

La misión principal de una constitución es establecer las reglas mínimas de convivencia que permiten el funcionamiento de una sociedad, consagrándose como la norma de mayor jerarquía dentro de los países. Usualmente, sus contenidos se dividen en dos partes: la orgánica (como se organiza y distribuye el poder en el estado) y la dogmática (regula los derechos y libertades de cada individuo). Las constituciones suelen ser textos largos y complejos de entender. Además, sus normas al ser interpretadas por los jueces, no siempre son entendidas en su forma literal. Frente a un probable proceso constituyente es necesario que nos informemos. ¿Cuáles son los principales puntos que han generado discusiones en los últimos años?

Rol del Estado: el estado tiene un rol “subsidiario” refiriéndose a que sólo puede intervenir cuando el privado no pueda o no quiera realizar alguna acción. Esta idea se suele contraponer al estado “solidario”, que destina importantes recursos para asegurar servicios básicos a la sociedad (educación, salud, pensiones). Si bien, algunos acusan que este principio ha fomentado una gran brecha en la calidad de los servicios públicos y privados, otros argumentan que la esencia del principio no es necesariamente la causa de estos problemas. 

Presidente y Congreso: sistema hiperpresidencialista en donde el mandatario o mandataria es jefe de estado y de gobierno. Tiene la facultad exclusiva de proponer leyes que tratan diversos temas al congreso (como las normas de gasto público) otorgándole una influencia considerable en el proceso de formación de las leyes. El congreso tiene dos ramas, compuestas por la Cámara de Diputados y el Senado. Se ha propuesto otorgar más facultades al congreso o bien implementar un semi-presidencialismo, creando el cargo de Primer Ministro para desconcentrar el poder del ejecutivo.
 

Órganos Autónomos del Estado: la constitución entrega y enumera competencias a diversas instituciones para posibilitar el funcionamiento del estado, tales como, las FFAA, Servicio Electoral, Banco Central o Contraloría (encargada de vigilar la gestión de los fondos del país). Uno de los órganos que más polémica ha generado en los últimos años es el Tribunal Constitucional (TC), cuya misión fundamental es asegurar que las leyes cumplan la constitución. La forma de designación del órgano y sus amplias atribuciones en revisar las normas aprobadas por el congreso, son algunos de los aspectos más debatidos frente a su actual funcionamiento.
 

Administración del Estado: cada región del país es gobernada por un intendente, cargo designado por el presidente y sujeto a cumplir las instrucciones enviadas por La Moneda. En 2021 este cargo será electo democráticamente, pasándose a llamar gobernador regional, compartiendo su poder con un “delegado presidencial regional” designado por La Moneda. Por su parte, el país está dividido en 345 municipalidades, siendo uno de sus roles más importantes entregar salud y educación al territorio. Dadas las tradicionales críticas por la desmedida influencia de Santiago en el país, estas estructuras podrían sufrir modificaciones en un eventual nuevo texto. 

Estos son algunos de los temas que pueden entrar en discusión en el futuro, independiente de la opción que termine ganando el plebiscito. El proceso es muy complejo y ninguna de las dos bandos ha realizado un análisis relativamente serio de lo bueno y lo malo de la actual constitución.

PARTE 3: ¿EN QUÉ AFECTA MI VOTO?

Como consecuencia de la crisis política que envolvió a Chile a finales del 2019, el 15 de noviembre del año pasado, los presidentes de diversos partidos políticos chilenos firmaron el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Con un breve texto introductorio, en donde se señala que a través de él se pretende dar “salida institucional (a la crisis) cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático», se enumeran 12 puntos que sirven como un esqueleto de un proceso constituyente que tendrá como misión fundamental redactar una nueva constitución para el país. Como consecuencia, este 25 de octubre se realizará un plebiscito para consultar a la ciudadanía su opinión sobre la solución propuesta en el acuerdo firmado. Aquel día, quienes vayan a votar recibirán dos papeletas separadas. No hay contradicción al momento de votar, es decir si una persona vota rechazo, su voto será igualmente válido en la segunda papeleta en caso de marcar una preferencia. En cada una de estas habrá una pregunta y dos posibles formas de responder a ella.

  1.  ¿Quiere usted una nueva Constitución?:

Una de las opciones será votar apruebo, en donde el ciudadano muestra estar de acuerdo en dar inicio a un proceso de aproximadamente dos años en donde se redactará una nueva carta magna que reemplazará a la existente. De votar rechazo, el proceso diseñado en el acuerdo para hacer una nueva constitución no tomará curso, quedando en vigencia la actual de constitución de 1980.

  1. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución?

De ganar la opción apruebo, la segunda papeleta definirá el diseño del órgano encargado de confeccionar la nueva constitución. Ambas opciones tendrán la única y exclusiva facultad de producir el texto en un plazo máximo de un año. Una vez cumplida su tarea, el órgano será disuelto. De ganar el rechazo, el resultado de esta papeleta será irrelevante.

La segunda papeleta tendrá dos opciones de respuesta. La convención Mixta constitucional compuesta de 172 miembros, 86 personas electas a través de elecciones y los otros 86 provendrán del Congreso Nacional, elegidos por los propios diputados y senadores.  Los miembros del congreso serán excusados de no asistir a cumplir con su trabajo, pero nada les impide de ir a votar proyectos de ley que estén en curso. 

Por otra parte, la Convención Constitucional será conformada por 155 miembros  electos directamente por la ciudadanía, utilizando el mismo sistema electoral empleado en la elección de los diputados. El país se divide en 28 distritos que según su tamaño de población, elegirán entre 3 a 8 convencionales, utilizando listas en donde uno o más partidos pueden unirse para ofrecer candidatos.

A principios de este año el congreso aprobó una ley que asegurara la paridad de género en la Convención Constituyente. Es decir, la mitad de sus miembros serán mujeres y la otra mitad hombres. Para lograrlo, en cada distrito, los partidos deberán suscribir listas de candidatos de acuerdo al número de constituyentes a elegir. Todas las listas deberán estar encabezadas por una mujer, y luego, incluir un orden alternado entre géneros. Por otra parte, si tras el conteo de votos no resulta la paridad deseada, el resultado será corregido reemplazando al hombre menos votado por la mujer más votada que no fue electa. El mecanismo de paridad de género no asegura que podrá ser cumplido en el caso de la Asamblea Mixta. 

PARTE FINAL: LA RECTA FINAL

El plebiscito de este domingo preguntará a la ciudadanía si quiere “entrar” al inicio de un proceso destinado a la redacción de un nuevo texto constitucional. De ganar el apruebo, aquella misión tendrá una duración estimada de aproximadamente dos años. El siguiente hito ocurriría  el 11 de abril del 2021, momento en el cual se efectuarán las elecciones de las personas que deberán participar en el órgano destinado a tal tarea. Realizadas estas, la ley da un plazo de aproximadamente un mes para que el órgano electo entre en sesiones, lo cual ocurrirá dentro de mayo del 2021. Teniendo un plazo de 9 meses para completar su tarea, con un único aplazamiento de tres meses en caso de necesitar más tiempo, el  plazo máximo finalizaría en mayo del 2022. Aproximadamente dos meses después de tal evento, el sucesor o sucesora de Sebastián Piñera, deberá convocar un nuevo plebiscito de “salida”  (voto obligatorio a diferencia del de entrada) consultando al electorado si aprueba o rechaza el texto redactado por la convención electa. De resultar victorioso el apruebo, a finales de año deberá ser puesta en vigencia la nueva carta magna. En caso contrario, se mantendrá operativa la existente. Las primeras estimaciones arrojan que el costo del proceso en el que nos embarcaríamos será entre los 10 y 14 mil millones de pesos. 
 

Aunque la expectativa generalizada es que el apruebo triunfará, de ganar el rechazo, el congreso nacional pasaría estar sujeto bajo una enorme presión ciudadana de realizar aceleradas reformas que logren corregir aspectos que la población crítica del actual modelo. Así, el domingo por la tarde sabremos lo que piensa la ciudadanía frente a la propuesta presentada por la elite política en el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Dos detalles importantes a tener en consideración para interpretar el resultado del domingo serán la participación electoral y la diferencia de votos entre ambas opciones. De esta manera, ambas cifras reflejarán el sentir político de un particular periodo histórico que Chile está atravesando.